Convulsión social en Cajamarca capital, en Santa Cruz… ¿y Lambayeque?
Cajamarca capital está
convulsionada desde el 31 de mayo (2012) por el desarrollo del paro indefinido,
en contra del proyecto Minero Conga. Lambayeque vive en la indiferencia, a lo
máximo lo comentamos como una noticia lejana, que no nos afecta… Nada más
lejano a la realidad. La provincia de Santa Cruz (de Cajamarca), también se encuentra en
“paro” contra “Conga”, pero también por otra mina en su territorio: “La Zanja”.
En Lambayeque todo es paz y amistad, porque claro, las minas no están en
Lambayeque. Pero cuidado, cuando se quiera reaccionar, sin algún día ocurre,
puede que sea tarde, veamos por qué.
Conga está lejos, pero La Zanja y Los Pircos, están en nuestra cabecera
En Cajamarca capital una parte
sustancial de la población se opone a la Mina Conga, porque temen que sus aguas
se contaminen. Lambayeque está lejos de dicha área geográfica, no le afecta
directamente. Pero Lambayeque colinda con las provincias cajamarquinas de Santa
Cruz y Chota, cuyas aguas de sus diferentes ríos y quebradas alimentan al rio
Chancay.
En Santa Cruz, específicamente en
el distrito de Pulán se desarrolla la mina la
Zanja, de oro y plata, operados a tajo abierto, mediante lixiviación. Esta
se ubica específicamente en la quebrada El Cedro, que más abajo recibe “el
nombre de río Pulán, el cual se une con el río Pisit, para constituir el río
Cañad, tributario del río Chancay. El río Chancay aporta sus aguas al río
Reque”[1].
Al terminar las estribaciones andinas y empezar el valle costeño de Lambayeque,
junto a Chongoyape se encuentra el reservorio Tinajones (ver mapa), donde se
almacena el agua para regar las tierras, pero también esas aguas –las únicas-
son tratadas y llegan a nuestras cañerías domésticas y de ahí a nuestros
estómagos. Así, casi se podría asegurar que Lambayeque vive gracias a la parte
norte de Cajamarca.
Los pobladores de Pulán, Santa
Cruz mismo, de manera general no beben dichas aguas (de la quebrada El Cedro y
río Pulán), sino de “las quebradas y puquiales que se encuentran en las partes
altas y medias de las laderas a ambos lados de la micro cuenca de la quebrada
El Cedro. No utilizan las aguas de la quebrada El Cedro o su continuación (el
río Pulán) para uso doméstico”, dice el EIA de la mina la Zanja, citando un
estudio de PRONAMACHCS, del 2007. Eso es cierto, pero lo que no dice, es que
los que tomamos dichas aguas, si somos los que nos encontramos abajo, en la
costa, en todo Lambayeque, y no hay manera de salvarse.
Pero no es solo La Zanja, también
tenemos los proyectos minero Los Pircos
que “…se ubica en el departamento de Cajamarca, provincia de Santa Cruz,
distrito de Sexi, caserío Corral Viejo, a una distancia aproximada de 78 km al
N 75º E de la ciudad de Chiclayo,
sobre los 2 250 metros de altitud… Las actividades de exploración en el período
2004 y 2006 abarcan una extensión de 1 070 ha, en terrenos superficiales
de la Asociación Ganadera La Unión Sexi
– Corral Viejo… El principal río dentro
del área del proyecto es el Chancay, que discurre de Este a Oeste, cuyo
afluente es el río Cirato-Caña Brava”[2].
Tantahuatay muy cerca, pero discurre al
Atlántico
También está el proyecto
Tantahuatay,-aún cuando no tributa al Chancay- de oro y plata, donde Buenaventura es
propietario en un 40%, “…el cual se encuentra ubicado geográficamente en la micro cuenca Puente de
la Hierba la que corresponde a la parte alta del río Tingo. El río Tingo es
tributario del río Llaucano y este último pertenece a la cuenca hidrográfica
del océano Atlántico. Su ubicación política corresponde a la Comunidad
Campesina El Tingo, en el distrito de
Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca”[3]
¿Quién tiene la culpa?
Los que protestan tienen razón,
sienten que el Estado no los representa y ven amenazada su forma y calidad de
vida. El Estado también tiene razón porque la minería tributa y de ella se
recibe la mayor cantidad de ingresos. Ambos también tienen culpas, pero el
mayor culpable es el Estado, a nivel de los órganos superiores (ejecutivo,
ministerios, congreso), porque teniendo los medios y sabiendo que estas
protestas van a venir, no hace el esfuerzo adecuado para normar con estándares
internacionales, hacer las inversiones sociales y generar el ambiente para la
inversión local.
El ejecutivo central, le echa la
culpa a los gobiernos regionales y los municipios, porque no invirtieron
teniendo dinero producto del canon minero. Esto es una falacia, es como darle
unos 100,000 soles a un jovencito de unos
15 años para que invierta y se labre su futuro, y después de unos 20
años lo encontramos en la perdición y le encaramos de que no supo invertir. El
Perú tiene 25 regiones, imaginemos que cada región quiera tener a los mejores
proyectistas, funcionarios, asesores, etc. Sería el Perú multiplicado por 25.
Para eso está el gobierno central que debe enrumbar, dirigir, coordinar las
obras importantes, transversales, que el país requiere como unidad, y que las
experiencias de una región sea aprovecha por otras.
Es cierto que estos proyectos estaban en camino, son herencia. Con
las elecciones, donde gana Ollanta (junio 2011), la población tuvo la esperanza
de que el Estado asuma su papel de conductor al menos imparcial. Naturalmente
su cólera se ha multiplicado porque se sienten burlados. El decir que son extremistas u ovejas es ofenderlos y
acrecentar su reacción, peor aún si lo que impera es el palo.
Como puede participar la población
El gobierno defiende los
proyectos mineros aduciendo que los mismos generan ingresos al fisco
(impuestos) y trabajo para la población. La riqueza se va con los
inversionistas. La población de la zona, no siente que su situación mejore y
los peruanos sentimos que todo va a unos cuantos bolsillos. Siendo los recursos
del Estado, en tanto están en el subsuelo, bien se puede establecer que una
parte de la propiedad pase a poder de los pobladores directos de la zona y sacar
a la venta acciones de dichos proyectos, a fin de que los peruanos sientan que
dichas riquezas también son suyas[4].
Generemos una sociedad de empresarios e inversionistas.
Qué queda
No estamos contra la inversión en
general, ni minera en particular, pero sí creemos que:
- 1. Las normas han sido demasiado blandas. El pedido poblacional, no debe ser únicamente por los proyectos presentes, sino también por los futuros, es decir inversión pero bajo los estándares internacionales más altos. Esto es normatividad.
- 2. Ya se tiene la norma de la zonificación territorial, cuya esencia es determinar las zonas para las diferentes actividades económicas. Es una tarea titánica, que debe empezarse ya.
- 3. Los peruanos debemos participar en la propiedad de dichos proyectos grandes, cuyos mecanismos el Estado debe regular (inicialmente el Estado puede ser socio, luego sacar a la venta dichas acciones), haciendo que los pobladores directamente “afectados” no lo sean, sino beneficiados.
- 4. La vigilancia preventiva y concurrente en la actividad minera operativa, con evaluaciones de organismos internacionales independientes, contratados por el Estado, al margen de los controles del Estado y la comunidad.
- 5. La integración económica de las actividades mineras con la comunidad a fin de desarrollarla en infraestructura, comercio, servicios, etc.
- 6. La dirigencia del movimiento social debe diferenciar las situaciones específicas, el extremismo puede llevar a imposibilitar acercamientos y logros para la comunidad.
José
Humberto Becerra Santa Cruz[5]
jhbecerrasc@hotmail.es jbecerrasc@unprg.edu.pe
[1] Estudio
de impacto ambiental (EIA) de Mina la Zanja.
[2] Plan de Cierre del Proyecto de Exploración
Los Pircos, Resumen Ejecutivo, Agosto 2006. Preparado para Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por
Knight Piésold Consulting.
[3] Estudio de Impacto Ambiental. Compañía Minera
Coimolache S.A. Proyecto Tantahuatay. Por Knight Piésold Consulting
[4] El
ser propietario, significa ser dueño de las acciones cuyo valor varía con el
tiempo, normalmente hacia arriba, y obtener dividendos de las ganancias.
